Peppo juró por Dios respetar la Constitución Nacional y Provincial.

El correntino Domingo Peppo asumió su tercer mandato como Intendente de Villa Ángela y de esta manera gobernará nuestra ciudad por 12 años de acuerdo al mandato popular de las elecciones de septiembre pasado. El juramento fue tomado por su ex esposa Susana Simonofski que momentos antes había jurado ante el Presidente saliente, como nueva Presidenta del Concejo Deliberante de Villa Ángela.

La flamante Presidenta del Concejo interrogó “¿Señor Oscar Domingo Peppo, juráis por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el mandato para el cual ha sido electo, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las Leyes de la Nación y de esta Provincia?” a lo que Peppo respondió “Sí, Juro”, luego con fondo de aplausos de los presentes Simonfski advirtió “Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria os lo demanden”.

En el acto realizado en el Predio Carlos Gardel también se tomó juramento a los nuevos Concejales que deliberarán en el Concejo a partir de mañana en la primera sesión.

En cuanto al juramento de Domingo Peppo de respetar la Constitución Nacional es oportuno recordar fragmentos de algunos artículos que contiene la Carta Magna en relación a la Libertad de expresión y condiciones de trabajo.

En este sentido el Artículo 14 dice: Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos……;de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa…

 Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Art. 32.- El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.

En el decreto presidencial 1297/97 sobre libertad de expresión e Internet se cita un pronunciamiento de la Corte Suprema de EEUU y otro artículo de la reforma de la Constitución Nacional Argentina de 1994. Ambos artículos dicen.

Que en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América se ha pronunciado in re “Reno Attorney General of United States et al. V. American Civil Liberties et al., Nº 96-511, 26 JUNE 1997” al decir: “...no se debería sancionar ninguna ley que abrevie la libertad de expresión…la red INTERNET puede ser vista como una conversación mundial sin barreras. Es por ello que el gobierno no puede a través de ningún medio interrumpir esa conversación…como es la forma más participativa de discursos en masa que se hayan desarrollado, la red INTERNET se merece la mayor protección ante cualquier intromisión gubernamental.”
Que la reciente reforma de 1994 ha incorporado al texto de la CONSTITUCIÓN NACIONAL los Tratados Internacionales, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por Ley Nº 23.054, que en su artículo 13 inciso 1º contempla el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y expresión, declarando como comprensiva aquella “la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Eliminación de calumnias e injurias y desacato. El caso Eduardo Kimel (*)

En el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky recibió a Cristina Kirchner para agradecer su participación en la ley que eliminó la pena de prisión por calumnias e injurias, espada que pesaba sobre la cabeza de todos los periodistas.

La figura de desacato era una especie de calumnias e injurias potenciada, porque quien se sentía agraviado tenía fueros especiales, ya sea porque se tratara de un juez o de un funcionario de alto rango (presidente, senadores, diputados, embajadores, entre otros), frente a los cuales el periodista ni siquiera podía oponer la posibilidad de la retractación.

Un ejemplo de las consecuencias que tendrá para el periodismo la despenalización de calumnias e injurias se observa en los programas de investigación que tuvo la televisión argentina hace diez años y que todos los canales terminaron levantando por las amenazas de juicio por calumnias e injurias a los periodistas que conducían o participaban de ellos.

Ahora podrían volver y emular al gran programa de la cadena norteamericana CBS 60 minutos, que todos los domingos realiza tres grandes investigaciones, muchas de las cuales derivan en la renuncia de altos funcionarios.

(*) Extracto artículo escrito por Jorge Fontevecchia.

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de Daniel Rohaly Publicado en Locales

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